La convergencia de las Normas Mexicanas de Información Financiera con las internacionales continúa. 2018 fue el año de la adaptación obligatoria de los instrumentos financieros a este proceso que, dada su relevancia en los estados financieros de las entidades financieras no reguladas, constituye un cambio profundo y trascendental.
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El principal cambio con respecto a la norma anterior es la clasificación de los instrumentos financieros activos, sustituyendo para dicha clasificación el término de intencionalidad en la adquisición de los activos para su tenencia por su alineación al modelo de negocio de la administración.
La claridad en la definición de los modelos de negocio con los que una entidad opera, y los activos que competen a cada objetivo estratégico, son la base fundamental para la clasificación contable y, en consecuencia, la adecuada valuación de los tipos de instrumentos financieros con los que cuenta la entidad. Esto representa un reto para el entendimiento, comunicación y coordinación constante entre los responsables de las áreas contables, administrativas y de negocio de la entidad.
Este último (el modelo de negocios de la entidad) está referido al propósito y forma en que son administrados los instrumentos financieros, y no a la intencionalidad particular de un instrumento específico.
Esto se traduce en la clasificación de los instrumentos financieros de acuerdo con las siguientes tres categorías:
1. Instrumentos financieros para cobrar principal e intereses
Si el modelo de negocio es generar una utilidad por medio del rendimiento contractual de los instrumentos financieros para recuperar el principal y sus intereses, pactados contractualmente con fechas de pago preestablecidas, su reconocimiento será a través del costo amortizado. Lo relevante en este modelo es el reconocimiento de los intereses devengados considerando la tasa de interés efectiva.
Cabe destacar que un evento aislado (por ejemplo, la enajenación de un instrumento financiero para cobrar principal e intereses), que se derive de la necesidad de la entidad de obtener recursos monetarios para hacer frente a una necesidad de pago o la conveniencia de deshacerse del instrumento por un incremento en su riesgo de crédito, no representa en sí mismo un cambio en el modelo de negocio y, en consecuencia, en la clasificación del resto de los instrumentos que prevalezcan con la finalidad del modelo instituido por la administración de la entidad.
2. Instrumentos financieros negociables
Cuando el modelo de negocio se centra en la obtención de una utilidad a través de la compraventa de un instrumento financiero, y no del cobro de los flujos de efectivo contractuales por principal e intereses, su reconocimiento es considerado su valor razonable. Un ejemplo es representado por la cartera de crédito de instituciones que llevan a cabo todo el proceso de otorgamiento del crédito para su enajenación posterior a otra entidad, la cual se encargará de la recuperación de los flujos de efectivo contractuales y asumirá el riesgo de crédito correspondiente.
Si el modelo de negocio tiene como finalidad la venta de los instrumentos financieros, la mecánica de valuación debe obedecer a los valores razonables, que representan el valor neto estimado de enajenación de un instrumento.
3. Instrumentos financieros para cobrar o vender
Representan un modelo de negocio mixto, en el que un instrumento financiero se mantiene con la finalidad de recuperar los flujos de efectivo contractuales por principal e intereses, o bien, obtener una utilidad en su venta cuando esta sea conveniente.
Es importante considerar que una entidad puede estar conformada por unidades con diversos modelos de negocio y la identificación adecuada de los instrumentos financieros en cada esquema se vuelve prioritaria, pues como hemos señalado anteriormente, dependiendo de la clasificación es el reconocimiento del instrumento con su impacto inherente en los resultados del ejercicio o en los otros resultados integrales, según corresponda.
Otra modificación significativa en relación con la norma anterior es la prohibición de reclasificar instrumentos financieros entre las categorías mencionadas sin que se justifique por el cambio en el modelo de negocios de la entidad. Estos cambios se determinan por la máxima autoridad de la entidad que se encargue de la toma de decisiones operativas, y deben ser resultado de cambios externos o internos que sean significativos para las operaciones de la entidad y puedan ser demostrados a terceros.
