De acuerdo con el estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026. Innovación y resiliencia ante la disrupción constante, un porcentaje considerable de las empresas han sido sujetas a revisiones fiscales (51%), optando por emplear mecanismos de solución de controversias como el acuerdo conclusivo con la asesoría de un tercero (25%), y el litigio fiscal, también con asesoría de un especialista externo (21%).
El acuerdo conclusivo permite la participación del contribuyente, la autoridad y asesores especializados, con el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), para establecer mesas de trabajo que amplían las oportunidades de negociación y reducen los riesgos. Asimismo, contar con asesoría fiscal desde el inicio fortalece la estrategia y asegura que los requerimientos se ajusten a la normativa.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha invertido significativamente en la automatización de sus procesos de fiscalización, lo que le permite realizar revisiones rápidas y eficientes; sin embargo, muchas organizaciones no han alcanzado el mismo nivel de digitalización en sus procesos fiscales, contables y de reporte financiero, lo que genera una carga administrativa considerable.
En este sentido, cuando los contribuyentes operan con procesos manuales frente a requerimientos automatizados, la respuesta se vuelve más lenta y costosa. Además, esta situación se agrava por los plazos cada vez más reducidos para atender las solicitudes de información, bajo la lógica de que todo está digitalizado. De igual forma, la velocidad con la que las empresas deben validar lo que posee el SAT comparándolo con sus propios registros internos es otro factor crítico.
A lo anterior se suman el alto volumen de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) y de complementos emitidos y recibidos diariamente, lo cual influye en los cálculos fiscales de la autoridad. Asimismo, resulta necesaria la verificación constante por parte de las empresas de que sus operaciones no involucren a terceros listados por la autoridad fiscal, a fin de actuar con prontitud ante la detección de cualquier anomalía.
¿Qué beneficios obtienen las empresas que incorporan tecnología para automatizar sus procesos fiscales?