De acuerdo con el estudio Impacto de los delitos financieros en México 2024. Enfoque holístico ante una problemática cambiante y evolutiva, el fraude empresarial es una acción malintencionada, cuyo objetivo principal es conseguir un beneficio personal a través del uso inapropiado de recursos o activos de una organización, lo cual no solo implica dinero o bienes materiales, sino que también abarca la información y los datos, que actualmente son considerados como un activo intangible sumamente valioso.
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Al respecto, 45% de las organizaciones en México reportan haber sufrido el intento o la materialización de un fraude en el último año, lo que pone de manifiesto que se trata de un riesgo latente para cualquier compañía, sin importar la industria, su tamaño o la ubicación en la que opera. Lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con los cambios organizacionales, económicos, regulatorios, de capital humano, así como con el impacto tecnológico que influye en la sofisticación en las técnicas de fraude.
Modalidad del fraude
En cuanto a la tipología del delito, 35% menciona haber sido víctima de un fraude externo; 32%, de uno interno, y 33% de ambos tipos de fraude. El interno se realiza por colaboradores, e incluso por las personas propietarias de la organización, mientras que el externo es perpetrado por terceros, ya sean clientes, proveedores, grupos criminales o cibercriminales, que buscan vulnerar la seguridad u obtener un beneficio en perjuicio de la organización.
Respecto a nuestro estudio de 2020, el fraude interno ha tenido una reducción de 30 puntos porcentuales, mientras que el externo presenta un incremento de 17 puntos;[1] no obstante, esta cifra no significa que el fraude interno no se siga perpetrando, ya que diversos estudios, como el Reporte a las Naciones 2024 de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés), muestran que más de la mitad de los casos de fraude interno se cometen por una falta de controles internos en las organizaciones.[2]
En este sentido, es posible observar un aumento significativo en el número de casos de conflictos de interés, en comparación con los datos de 2020 (39%), lo que implica que es necesario probar la operación y eficacia de los controles internos relacionados, así como lograr la sensibilización del personal respecto a las conductas éticas esperadas.
En cuanto a los fraudes externos, los más frecuentes son: robo de identidad (44%), uso de documentación falsa (31%) y fraude con tarjetas de crédito (28%). Es importante destacar que ciertos tipos de fraude pueden pasar inadvertidos y son reflejo de conductas no éticas, por ejemplo, los fraudes en prácticas anticompetitivas (6%), que, si bien pueden parecer menores, son capaces de generar altos impactos en los mercados a través de controles artificiales de precios o por medio de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas.
El robo de identidad se ha incrementado 23 puntos porcentuales con respecto a los datos de 2020, lo que puede vincularse con el aumento significativo de los ciberdelitos y fraudes en línea, que se multiplicaron a partir de la pandemia, y como consecuencia de la creciente digitalización de las operaciones empresariales. Este tipo de fraude puede tener un gran alcance, sobre todo, con el acceso y uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial generativa (IAGen), que facilita la generación de contenidos manipulados como videos, fotos, e incluso, voces, que podrían utilizarse para robar información sensible.
Es importante destacar que los grupos criminales que ejecutan estos delitos suelen investigar, de manera muy puntual, las vulnerabilidades de la organización o incluso de su personal. Por ejemplo, aprovechan las barreras lingüísticas para confundir, crean situaciones de urgencia y operan en horarios fuera de lo normal, lo que les permite llevar a cabo el ilícito con una mayor probabilidad de éxito.
Por lo anterior, es fundamental que se promueva una activa concientización sobre la responsabilidad de cada persona en las organizaciones respecto a la protección de la información, y mantener una cultura de prevención, puesto que estos incidentes pueden tener como consecuencia no solo impactos económicos, sino también daños reputacionales, impactos a nivel de reportes financieros, incumplimiento de leyes y regulaciones, e incluso en la continuidad de la operación. Es importante que la cultura de prevención vaya en línea con el “testing” de los procesos internos, con la finalidad de reforzar la ejecución de los controles internos y el debido entrenamiento de las personas que deben cumplirlos.
Detección del fraude
Respecto a los métodos para detectar el fraude, 33% de las organizaciones utilizan controles internos; 19%, análisis de datos; 12%, denuncias recibidas por medios externos, y 9%, líneas de denuncias internas, así como revisiones por parte de la Gerencia.
Existe una tendencia al alza en el uso de herramientas de análisis de datos, porcentaje que se incrementó casi cuatro veces respecto al estudio de 2020 (5%); sin embargo, también resulta relevante que las líneas de denuncia presenten un porcentaje bajo, considerando que este mecanismo suele tener altos niveles de efectividad para detectar indicios de fraude, situación que puede ser confirmada por el Reporte a las Naciones 2024, que ubica a los tips (denuncias) con una efectividad de 43%, e incluso, a los mecanismos de reporte en la web y correo electrónico con mayor efectividad que a los reportes a través de vías telefónicas, por lo que podemos estimar que el uso limitado de las líneas de denuncia podría relacionarse con una falta de cultura de denuncia, principalmente motivada por el temor a las represalias.
[1] El impacto de los delitos financieros. Prevención, detección y respuesta, KPMG México, 2020.
[2] Fraude Ocupacional 2024. Un reporte a las Naciones, ACFE, 2024.
