Mucho se ha discutido en los últimos meses sobre cuáles serán los impactos que tendrá la apertura del mercado energético en el país. Sin duda alguna, unos de los temas estructurales que permitirán a la reforma ser exitosa en el mediano o largo plazo tiene que ver con la forma en que el gobierno obtendrá ingresos fiscales derivados de las actividades productivas en el sector.
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Todo indica que a mediano, o incluso largo plazo, Pemex y la industria petrolera dejarán de ser la principal fuente de recursos de la economía nacional; si bien esto pareciera una estrategia kamikaze, la realidad es otra, las leyes secundarias promulgadas, en específico la ley de ingresos sobre hidrocarburos, prevé un mecanismo de tributación muy estricto y siempre ventajoso para el Estado Mexicano.
Desde una perspectiva global la apuesta del gobierno es cautelosa; no se prevé el otorgamiento de concesiones (como sí acontece en la industria minera hoy en día), aunque ciertamente existirán licitaciones para la ejecución de licencias y otro tipo de contratos a la iniciativa privada. A grandes rasgos, las empresas privadas pagarán las denominadas “contraprestaciones” por el desarrollo de actividades de exploración y explotación, y por su parte Pemex (ahora titulada EPE “Empresa Pública del Estado) tendrá que pagar “Derechos”, los cuales, por cierto, ahora fueron categorizados de una forma mucho más sencilla, reduciéndolos a solo tres tipos, la más importante a determinarse con base en su utilidad operativa a tasas del 70%-65% en los siguientes 5 años. De ahí la mención que la estrategia del gobierno es sumamente sensata, al menos financieramente.
El modelo fiscal energético mexicano no es vanguardista ni tampoco descubre el “hilo negro”; es simplemente una tropicalización de sistemas como el de Angola, Brasil, Colombia o China: tomó lo mejor de estos según su apreciación y lo ha puesto en marcha. Habrá que esperar a que la máquina funcione y los resultados se vean reflejados en el nivel de recaudación, que como se mencionó atrás se verá afectado por los recursos que la industria petrolera de forma paulatina dejará de aportar a los ingresos Federales.
Hoy existen dos elementos que no hacen del todo atractiva la inversión en proyectos energéticos en el país; en primera instancia, precisamente el esquema tributario; en algunos contratos se prevé el pago de impuestos desde las etapas iniciales de los proyectos, cuando por su misma naturaleza, en ocasiones, estos generan utilidades hasta el año 5 o 10, el uso de pérdidas está limitado, existe una nula creación de estímulos y tampoco se prevé algún beneficio por el uso o producción de energías renovables.
Por otra parte, de acuerdo con datos de la encuesta anual de KPMG en México:
De ahí nace la atinada creación de organismos independientes como el Fondo Mexicano del Petróleo, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), los cuales tienen el objetivo de vigilar y monitorear las buenas prácticas, así como otorgar certeza jurídica con el fin de cambiar esta perspectiva negativa, y por lo tanto, crear una atmósfera de confianza a quienes decidan poner a trabajar capital en el sector.
México es uno de los mercados más atractivos a nivel internacional en el sector. Este factor tendrá que capitalizarse y traducirse en el nacimiento de nuevas empresas y, por lo tanto, la creación de más fuentes de empleo. Sin duda, la promulgación de esta reforma no representa una utopía, simplemente es la actuación ante una necesidad imperante.
